Último ciclo de administración municipal, a partir del año 2004:
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[SIZE=“1”]El Mercurio[/SIZE]
[I][SIZE=“4”]En Pichilemu ya van tres ediles removidos en este período. En total, 12 pertenecen a la Concertación, siete a la Alianza por Chile y hay dos independientes.[/SIZE] [/I]
Comprar ropa y falsificar boletas para justificarlo como gasto del municipio. Entregar licencias provisorias de conducir a parientes y amigos.
Dos ejemplos de irregularidades que les costaron sus cargos a los alcaldes de Tierra Amarilla y María Elena, los que engrosan la lista de 21 ediles que han sido destituidos a partir de 2004, año en que comienza el último periodo de administración en los 345 municipios del país.
Jorge Soria (Independiente), Sonia Salgado (DC) o Pedro Velásquez (DC) son casos reconocidos, pero a lo largo del país se extienden desde el notable abandono de deberes a fraude al fisco. En total, 21 en el país: 12 de la Concertación, 7 de la Alianza por Chile y dos independientes.
En Tierra Amarilla, el edil Yhanss Delgado (PS) compró a nombre del municipio $127.588 en ropa y luego indujo a dos funcionarios para que hicieran una boleta para ingresarlo como gasto fiscal. Fue condenado por malversación de caudales municipales y falsificación de instrumento público a 541 días de presidio remitido.
En 2004, Carabineros detectó a un conductor con una licencia provisoria del juzgado de policía local de María Elena, pese a que su licencia estaba retenida en el juzgado de Tocopilla. Tras la investigación, se constató que el alcalde del campamento salitrero, Santiago Lambert (UDI), extendía licencias provisorias a familiares, amigos y conocidos. Fue condenado a 3 años de pena remitida, inhabilitación para ejercer cargos públicos.
De acuerdo al artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, el alcalde será removido de su cargo cuando, entre otros, pierda su calidad de ciudadano, contravenga gravemente las normas de probidad administrativa o incurra en notable abandono de deberes.
En el plazo que transcurre entre la notificación del Tribunal Electoral Regional (TER) y en que dicha notificación quede a firme, es suspendido del cargo; y de ser confirmada, queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 5 años.
Otra vía para su remoción proviene de la justicia ordinaria, cuando son sometidos a juicio por delitos perseguidos por las fiscalías o el Consejo de Defensa del Estado (CDE). En tal caso, los fallos de tribunales pueden dejarlos inhabilitados de sus funciones por el período en que son investigados o mientras duren las condenas aplicadas.
[U][SIZE=“3”]Bajo la lupa de contralores[/SIZE][/U]
Alcaldesa suplente de Iquique, Myrta Dubost (RN): CDE la investiga por negociación incompatible.
Alcalde de Antofagasta, Daniel Adaro (Independiente): El CDE lo investiga por el no pago de imposiciones a funcionarios de la Corporación Cultural Municipal. Además, fue formalizado por el CDE por fraude al fisco.
Alcalde de Andacollo, Jorge Órdenes (DC): tres concejales lo acusan de faltar a la probidad administrativa por prescindir de un jefe en la Unidad de Control, además de autorizar el pago de una indemnización de $8 millones a un profesora despedida ilegalmente.
Alcalde de Pichilemu, Marcelo Cabrera (Independiente): investigado por presentar boletas falsas para justificar el pago de viáticos.
Alcalde de Maullín, Juan Cárcamo (DC): investigado por el apoyo fraudulento que habría prestado a un empresario.
Alcalde de Puerto Aisén, Óscar Catalán (UDI): tres concejales lo acusan de usar maquinaria municipal para mejorar los caminos de acceso a un predio de su propiedad.
Alcalde de Carahue, Héctor Figueroa (UDI): investigado por fraude al fisco por la compra de un terreno para la construcción de un liceo en la localidad de Trovolhue.
Alcalde de Curarrehue, Ariel Painefilo (DC): investigado por irregularidades en dineros entregados por el Gobierno.
Alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza (UDI): investigada por Contraloría por la adjudicación de tres contratos a GMA.
Alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo (UDI): Contraloría investiga la adjudicación de cinco contratos con la empresa de Gestión Municipal Avanzada (GMA).
Alcalde de Colina, Guillermo Olavarría (UDI): investigado por presuntos contratos sin licitación previa, entrega irregular de terrenos fiscales y manejo de dineros municipales.
Alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (UDI): acusada por 32 irregularidades, descubiertas en fiscalizaciones desarrolladas durante varios meses.
[SIZE=“3”]Sonia Salgado y Jorge Soria:
[U]Los caudillos del Norte Grande[/U][/SIZE]
Jorge Soria Quiroga (independiente) está inhabilitado para asumir como alcalde de Iquique por decisión del Tribunal Electoral Regional tras ser procesado por fraude al fisco, negociación incompatible y cohecho. La primera acusación es por autorizar, en el año 2001, el pago de más de $100 millones a una empresa contratista, la que cobró y realizó pagos argumentando horas extra inexistentes y sueldos a personas fallecidas.
Soria dejó sus funciones en mayo de 2006, cuando ante una orden de detención por su auto de procesamiento por fraude se internó en la Clínica Iquique por diabetes, pagando una fianza de $10 millones.
Uno de los casos más mediáticos que se recuerden lo protagonizó la alcaldesa de Camarones, Sonia Salgado (DC), acusada de nombramiento ilegal de un funcionario y de cometer fraude electoral (cohecho) en las elecciones de 2004. La reacción de la alcaldesa causó revuelo, ya que se mantuvo prófuga de la justicia durante 40 días a fines de 2005, a la espera de la prescripción del delito. Cuando reapareció en el tribunal lo hizo haciendo morisquetas al juez y al público, y gestos obscenos.
[SIZE=“3”]Dos DC y uno independiente:
[U]Pichilemu ya suma tres jefes comunales[/U][/SIZE]
El caso de Pichilemu es extremo: ya van en su tercer alcalde destituido, tras una serie de exoneraciones por diversas irregularidades cometidas durante sus gestiones.
El primero en caer fue Jorge Vargas González (DC), sentenciado a 540 días de presidio por presentar testigos falsos en un proceso de cohecho, en el que también fue condenado.
En el cargo fue subrogado por el administrador municipal, Francisco Vidal (DC), quien fue formalizado luego por irregularidades en la concesión de parquímetros.
Víctor Rojas (DC), quien reemplazó a Vargas, se encuentra inhabilitado desde el 2007 y estuvo dos meses en prisión, tras ser formalizado por cohecho, fraude al fisco y asociación ilícita por la concesión de parquímetros en el período del anterior edil Jorge Vargas.
Para su sucesor, Marcelo Cabrera (independiente), el panorama no fue mejor.
Apenas tres días después de asumir el cargo, el 23 de noviembre de 2007, la fiscalía inició una investigación en su contra junto a tres concejales por falsificación de instrumento privado mercantil, al presentar boletas falsas para el pago de viáticos.
Aún no se formalizan cargos, pero, de comprobarse el delito, arriesgan desde tres años y un día a 5 años de cárcel.
[SIZE=“3”]Coquimbo y Punitaqui:
[U]Cacique y “El Tigre” de la Cuarta Región[/U][/SIZE]
El Ministerio Público y el Tribunal Electoral literalmente “borraron del mapa” a cuatro de los alcaldes más emblemáticos en términos de votos.
El caso más llamativo fue el del alcalde de Coquimbo, Pedro Velásquez (DC), sentenciado por el tribunal oral de La Serena a 300 días de presidio remitido por fraude al fisco, y la inhabilidad perpetua para ejercer como alcalde. Se comprobó que autorizó la compra de terrenos por valores superiores a la tasación correspondiente. Antes de ser formalizado, renunció a la DC.
El alcalde Blas Araya (PPD), conocido como “El Tigre” de Punitaqui, también fue inhabilitado a perpetuidad para ejercer el cargo y sentenciado a 541 días de presidio, luego que en marzo de 2007 fuera hallado culpable de autorizar el pago de su dieta respectiva a tres concejales que no asistieron a las sesiones canceladas.
Igual suerte corrió el alcalde de Los Vilos, Carlos Salinas (PS), a quien se le comprobaron irregularidades en la contratación de servicios que beneficiaban a parientes directos.
El alcalde de La Higuera, Efraín Alegría (PS), también fue destituido por el Tricel en junio de 2007 por notable abandono de deberes, tras comprobarse que pagaba en forma anticipada a contratistas, adjudicó obras sin acuerdo del concejo y no realizaba evaluaciones anuales a los funcionarios.
[SIZE=“3”]Otras causas de destitución:
[U]Choques, malversación y abandono de deberes[/U][/SIZE]
Abandono de deberes: El Tabo, José Pérez (UDI), y El Quisco, José Carrasco (DC), por notable abandono de deberes y faltas a la probidad.
Inhabilitados: María Luz Reyes (RN), de Pelluhue, por inducir el cambio de registro electoral a 130 personas. Nelson Schwerter (RN), de Fresia, sometido a proceso por asociación ilícita y receptación de especies (madera de alerce).
Malversación de fondos: En Constitución, Roberto Urrutia (ex DC), inhabilitado por el TER. En agosto de 2006 fue condenado a 1.051 días de presidio como autor de dos delitos de fraude al fisco.
Pagos irregulares y fraudes: Al alcalde de Arica, Carlos Valcarce (RN), se le imputa el pago de $93 millones por trabajos que no se hicieron. Está suspendido de su cargo a la espera del juicio oral. En la misma situación está Fresia Faúndez (DC), de Maule, quien fue suspendida por fraude al fisco.
Choques: Carlos López (RN), alcalde de Sierra Gorda, fue suspendido tras chocar en dos ocasiones el vehículo municipal que tenía asignado.
Uso de bienes municipales: El alcalde de Pemuco, en la provincia de Ñuble, Johnson Guíñez (UDI), fue destituido por “infracciones graves a la probidad”.
Abuso: En San José de Maipo, Víctor Cáceres Riquelme (PS) enfrenta un juicio tras ser imputado por la fiscalía por presuntos abusos sexuales.
