[B]Conflicto de Interés y Clan Zaldívar[/B] :mad:
Crónica aparecida en www.conapach.cl
Esta tarea, que en Chile se ha vuelto riesgosa, para los [B]hermanos Zaldívar[/B] -si fueran coherentes- debería ser sagrada y, obviamente, deberían protegerla celosamente, puesto que constituye una acción imprescindible para el funcionamiento sano de la democracia. No obstante, inequívocamente persiguen e intentan desincentivar esta sana práctica, escudándose en el derecho a la honra que toda persona tiene, haciendo caso omiso del hecho que, en tanto autoridades públicas, tienen el deber y la obligación de ser sometidos a la fiscalización y al escrutinio.
Recientemente leíamos que expertos de la OEA, en el día mundial contra la corrupción, señalaban que en Chile las incompatibilidades e inhabilidades de los servidores públicos constituían las áreas de mayor riesgo de corrupción. A esto se agrega una pésima calificación para nuestro país por el problema de los conflictos de intereses que exhiben las autoridades, la confusión entre política y negocios, así como la escasa libertad de expresión y la falta de efectividad de las denuncias ciudadanas. Los senadores Zaldívar deberían manejar la información acerca de que en la mayoría de los códigos de Ética parlamentaria del mundo se establece que un miembro del Congreso no debe aprobar una legislación que tenga como propósito promover su interés financiero, el de sus familiares o el de algún grupo a que pertenezca él o sus familiares. También deben abstenerse de votar y/o participar en alguna comisión donde tales intereses estén en juego.
Este es precisamente el caso, tanto de Adolfo como de Andrés Zaldívar, al menos en lo que se refiere a la tramitación de la legislación pesquera chilena. Estas leyes en las que ambos senadores han participado activamente -Andrés como Presidente del Senado y Adolfo como miembro de la comisión de Pesca de esa misma corporación- y en las que ambos han concurrido con su voto favorable y promovido activamente, han mandado a la pobreza y sumido en la miseria a miles de pescadores artesanales, quienes gracias a la gestión de estos senadores están condenados a desaparecer, pues la devastación y depredación inmisericorde del mar chileno que estas leyes han propiciado –en dos años acabaron con el 80% de la Merluza y el 50% del Jurel- han limitado severamente sus posibilidades de trabajo.
A modo de explicación, estas prominentes figuras recurren habitualmente al uso de la lógica cínica a la que nos tiene acostumbrados la casta de políticos como los senadores Zaldívar. No obstante, es más o menos conocido que estas leyes han favorecido a un extremadamente limitado grupo de empresas y grupos económicos. Empresas en las que el “Clan Zaldívar” tiene un elevado patrimonio accionario y grupos económicos, como el de Angelini, en donde otro hermano del “Clan Zaldívar”, Felipe, ha sido gerente general, presidente del directorio y mano derecha por más de 40 años de uno de los hombres más ricos del mundo, quien debe su riqueza a los mares chilenos y por los que nunca ha pagado royalty alguno. La Ley de Pesca ha beneficiado en exceso a este señor, al punto que le ha permitido disponer casi monopólicamente del 80% de las cuotas de pesca por 10 años y, a su vez, ha valorizado enormemente el patrimonio accionario del “Clan Zaldívar”. Tanto es así, que la revista El Sábado del diario El Mercurio llamó a la Ley de Pesca como “Ley Angelini”, quién ha operado, según esta publicación, a través de Felipe Zaldívar, gracias a las influencias que éste tiene en la Concertación.
Entre otras cosas, esto ha permitido que el señor Angelini tenga un patrimonio personal de unos 2.300 millones de dólares, lo cual le permitiría una ganancia diaria de unos 400 millones de pesos si suponemos una rentabilidad real de 10% anual, la cual es bastante baja ¿No es evidente que en esta situación, los senadores Zaldívar tienen un severo conflicto de interés? ¿No es acaso evidente que en esta situación ninguno de ellos debería votar, ni participar en la discusión de estas leyes, ni menos aún ser miembros de la comisión de Pesca del Senado?
Dadas las complejidades de la ley chilena y del Código Penal, es difícil sancionar si estas conductas constituyen un delito de corrupción, jurídicamente hablando, pero no me cabe ninguna duda que son profundamente antiéticas, atentan contra el sentido moral de la política, corrompen la democracia y la degradan hasta su prostitución.