El ministro del Interior, Francisco Vidal, reconoció ayer que la Reforma Procesal Penal, que desde hace tres meses se aplica en Santiago, tiene vacíos que permiten la impunidad de algunos delincuentes.
El secretario de Estado coincidió con el análisis realizado por el fiscal jefe de la Unidad de Focos Delictuales de la Zona Centro Norte, Andrés Baytelman, quien en entrevista con La Tercera advirtió que en la norma vigente una persona que admite ante un juez de Garantía su responsabilidad en un delito menor -como hurto, robo o lesiones, que contemplan penas de hasta 541 días de reclusión-, puede evitar la cárcel y acogerse a pagar multas, que en algunos casos no superan los $ 60 mil.
Vidal indicó que el Parlamento se encuentra discutiendo un proyecto para solucionar estas deficiencias, el cual se espera sea despachado durante la primera semana de octubre. “Como nada es perfecto, precisamente en el Congreso se tramita un proyecto de ley que se llama la Reforma de la Reforma, aprendiendo de las insuficiencias que tiene, entre las cuales está la que describe el fiscal Baytelman”, dijo Vidal.
Agregó que “si el nuevo sistema va demostrando insuficiencias, eso se mejora con cambios al sistema que son cambios marginales, no sustantivos”.
Proyecto
El proyecto aludido actualmente se encuentra en la comisión mixta encabezada por el senador RN Alberto Espina.
Respecto del problema planteado por Baytelman, el parlamentario explicó que eso se arreglará estableciendo que el juez de Garantía puede aplicar una pena de hasta 541 días de reclusión, al margen de que el imputado confiese o no su culpa. Espina reconoce que el proyecto se ha demorado más de lo previsto, pero dice que prefiere que haya una buena ley y no una que funcione mal.
“Esto no ha sido fácil y quiero ser bien franco: aquí hay una especie de doble discurso por parte de algunos parlamentarios. Hay algunos que en público dicen que quieren mano dura contra la delincuencia, pero en privado se oponen a todas las normas que tienen por objetivo restringir las libertades provisionales”, dijo Espina.
Para Espina, el tema de fondo está relacionado con la facilidad con que los jueces de Garantía les otorgan la libertad provisional a los delincuentes peligrosos. Adelantó que en los próximos días entregarán los resultados de un estudio sobre lo que ha ocurrido con la Reforma Procesal Penal en este ámbito.
El fiscal Andrés Baytelman no concuerda en este punto con el senador. “No creo que la prisión preventiva sea una de las zonas problemáticas y de impunidad. Creo que hay que tomarse con cuidado la pretensión de que las personas estén en la cárcel aun cuando no han sido enjuiciadas. Uno podrá encontrar casos donde se aplicó mal esta medida, pero esas son excepciones. No es serio evaluar las políticas públicas desde las anécdotas”, dijo el abogado.
A su juicio, centrar la discusión en esto desvirtúa el tema. “Las energías deberían estar focalizadas en las cosas concretas como los delitos menores, el hurto-falta y los menores infractores. Ahí hay zonas de impunidad reales y concretas y, además, sabemos cómo resolverlas”, afirmó Baytelman.
Los problemas que denunció el fiscal Baytelman
El fiscal de la Zona Centro Norte de Santiago, Andrés Baytelman, señala que los problemas detectados en el funcionamiento de la Reforma Procesal Penal están relacionados, principalmente, con deficiencias en la redacción de la norma.
Al respecto, el fiscal mencionó el hurto hormiga, es decir robos en pequeña escala como el que realizan los “mecheros”. Según establece la Ley 19.950 en su artículo 494 bis, los autores de hurto serán sancionados con prisión y multa de hasta $ 120.000, si el valor de lo robado no excede los $ 15.000.
Pero cuando se trata de una falta frustrada, se sanciona, pero no se establecen penas. Por lo tanto, no se puede aplicar la ley y esto generalmente sucede en el caso del robo hormiga. Este es un problema grave, según el fiscal. Ello, porque las pérdidas del comercio por este tipo de mermas están avaluadas en USS 180 millones, además de los perjuicios tributarios para el Fisco y, además, porque se genera una sensación de inseguridad al no ver que este delito se sancione.
A juicio del fiscal, eso se solucionaría con un pequeño cambio en el articulado de la ley para establecer las sanciones. “Lo que uno no entiende es que a un año de ocurrido el error, éste sigue vigente”, dijo el abogado.
Al experto le llama la atención la lentitud con que se ha actuado en estos casos, más aún cuando se tienen identificados los problemas y las soluciones. En este tema, recalcó, hay dos proyectos de ley en estudio.
[I]Original en La Tercera, 24-09-2005[/I]
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