Con esta ley un solo juzgado -y no múltiples como ahora- abordará todas las materias de familia, como adopción, tuición, alimentos, visitas, maltrato infantil o declaración de interdicción. El Estado destina más de $ 58 mil millones para el funcionamiento de esta nueva justicia.
En el irreversible proceso emprendido por Chile para reformar su sistema de justicia, el Congreso ha dado un paso histórico al despachar a ley el proyecto que crea los nuevos Juzgados de Familia, que comenzarán a operar en octubre de 2005. Esta modernización permitirá que los conflictos de esta naturaleza sean resueltos con mayor celeridad, de manera más transparente, sin intermediarios entre el juez y las partes, con enfoque interdisciplinario, buscando acuerdos pacíficos y tomando en cuenta la opinión de los niños, niñas y adolescentes.
Ha sido un trabajo de continuidad, asumido con sentido de país por los gobiernos de la Concertación y por todos los sectores políticos, y que hoy se hace realidad en beneficio de todas las chilenas y chilenos, que verán ampliadas las formas de protección de sus derechos, el acceso a la justicia y las modalidades para resolver las dificultades derivadas de las relaciones de familia.
Esta nueva justicia de familia complementa lo avanzado en materia de justicia penal y hace suyos los principios de oralidad, inmediación, concentración, desformalización, además de las instancias adecuadas para que las partes en conflicto lleguen a soluciones cooperativas, como la mediación y la conciliación.
Se establece la creación de 258 jueces de Familia, agrupados en 60 tribunales especializados a lo largo de Chile, lo que implica aumentar en un 500% el número de magistrados dedicados a estas materias. En aquellos lugares en los que no exista judicatura especializada, se adecuarán y verán reforzadas sus dotaciones 77 juzgados de Letras que tendrán competencia en asuntos de familia y que se regirán por el nuevo procedimiento.
Así, en un solo juzgado -y no en múltiples como ahora- se abordarán todas las materias que puedan afectar a una familia, entre ellas, adopción, violencia intrafamiliar, tuición, alimentos, visitas, filiación, matrimonio civil, patria potestad, medidas de protección a favor de niños y niñas, maltrato infantil, separación de bienes y declaración de interdicción.
En materia de recursos, el Estado destina más de 58.500 millones de pesos para poner en funcionamiento esta nueva justicia, expresión clara de la voluntad política del gobierno en esta materia. De éstos, $ 20 mil millones serán invertidos en infraestructura (informática, arriendos, equipamiento y mobiliario) y capacitación. El resto será destinado a la operación del sistema y a la contratación gradual de los nuevos actores, los que se irán incorporando hasta completar la dotación el 2007.
Cada nuevo juzgado especializado estará compuesto de un número variable de jueces y contará con un consejo técnico interdisciplinario, integrado por profesionales especialistas en asuntos de familia e infancia, pudiendo ser asistentes sociales, psiquiatras, sicólogos u otros. Esta instancia asesorará al magistrado en la comprensión de los hechos y las situaciones que se le presenten.
De acuerdo al principio de inmediación antes mencionado, se establece que la presencia del juez de Familia en las audiencias y diligencias de prueba será indispensable, sancionándose con nulidad su ausencia o delegación de funciones, lo que constituye un avance sustancial para acercar la justicia a las personas y así humanizarla.
Esta nueva legislación, tal como la Ley de Matrimonio Civil, la Reforma Procesal Penal y el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, incorpora la posibilidad de someterse a mecanismos alternativos de solución de conflictos, los que paulatinamente han sido incorporados como un objetivo transversal de la política pública de gobierno en materia de justicia.
Múltiples son los beneficios que éstos reportan a las personas, en contraposición a un juicio adversarial. Son más rápidos, más económicos y más participativos, pues toman en cuenta de manera preferente y directa los intereses de quienes están en conflicto, haciéndolos partícipes de la búsqueda de la solución. Además, son capaces de aminorar los altos costos emocionales del conflicto, en especial en el área de familia.
Es así como la nueva ley establece un completo sistema de mediación, que será gratuito para aquellas personas que no tengan recursos. Esta, será especialmente aplicable a materias de tuición, alimentos y disputa de visitas; tendrá carácter voluntario y será desarrollada con acuerdo de las partes en la mayor parte de los casos, estableciéndose que la duración máxima del proceso será de 60 días, prorrogable. Quedan excluidas algunas materias como divorcio, nulidad de matrimonio, maltrato infantil y adopción.
Varias son las razones que avalan el carácter histórico de esta modernización. Con vistas al bicentenario de nuestra independencia, el gobierno y el país en su conjunto cumplen con el objetivo estratégico de reformar su justicia, de cambiarle el rostro, de hacerla más ágil, eficiente y humana.
(fuente: diario La Tercera 16/08/04
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