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[LEFT]Revista Actualidad / Qué Pasa Debates.
Durante un año, investigamos lo que ocurre al interior de cinco de los principales hospitales de Santiago. Se revisaron los libros de asistencia y cruzamos los datos con los horarios que los profesionales cumplen, tanto en los establecimientos estatales como en sus consultas o clínicas privadas. Comprobamos en terreno las múltiples irregularidades que a diario cometen doctores, y que los mecanismos de control prácticamente no existen para ellos.
Faltando 25 minutos para las 10:00 del 29 de diciembre de 2009, el doctor Rubén Fontalva se acercó a la pequeña mesa apostada afuera de la secretaría del servicio de medicina del Hospital San Borja Arriarán. Abrió la carpeta que estaba sobre ella, sacó un lápiz, miró la hora en su muñeca y firmó. Luego hojeó las páginas de registro de entrada y salida de días anteriores. Rellenó una, después otra y las dos siguientes. Cerró la carpeta, guardó el lápiz y entró a conversar unos minutos con el jefe de servicio. Además de firmar asistencia de cuatro días en menos de un minuto, la hora que anotó en la página -8:30- y que presenciamos aquel día no corresponde a lo que marcaba el reloj: 9:35.
Ese martes, como todos los de 2009, el doctor Fontalva tenía que estar desde las 8:30 en el Policlínico de Nefrología. Su agenda indica que los lunes, martes y jueves debe atender pacientes con consultas programadas hasta las 10:30. Pero ese martes empezó su trabajo con una hora y media de retraso. La sala de espera, como siempre, estaba llena desde antes de las 8:00: había alrededor de 30 personas que esperaban su turno, incluso de pie.
No sólo Fontalva empezó a atender con atraso a los pacientes con hora solicitada con meses de antelación. Antes que él, ya habían pasado por el registro de ingreso otros 15 médicos. Cuatro lo hicieron antes de las 8:00. Los demás fueron firmando a medida que llegaban. Sólo uno de ellos marcó la hora que realmente indicaba el reloj: el doctor Carlos Peña.
Pudimos constatar en terreno que esa misma conducta se repite cada día. Tanto ahí como en cualquier otro hospital del país.
A través de la Ley de Transparencia, obtuvimos la copia de los libros de asistencia de 2009 de cinco de los principales hospitales de Santiago. Uno de ellos es el San Borja. Los otros son el Barros Luco, Félix Bulnes, Salvador y Sótero del Río (Ver mapa página 23 ). Entre los cinco suman 3.141 camas, una dotación aproximada de 2.000 médicos y casi 67 mil pacientes en lista de espera para consultas de especialidad o cirugías electivas. Su población beneficiaria supera los 4 millones de personas -más del 23% del total nacional-, que corresponden al sector más vulnerable del país.
“Los médicos mandan en todo. Tienen la sartén por el mango y hay que tener mucho cuidado cuando uno intenta enfrentárseles. Contra eso no se puede hacer nada. Son los ‘diostores’, y la administración hace todo para su comodidad”, dice un alto funcionario de la Subsecretaría de Salud
Las fotocopias de los libros a las que tuvimos acceso son un montón de páginas con firmas desordenadas y nombres y horas en muchos casos ilegibles. Los pedimos en agosto del 2009. Después de meses revisándolas y procesándolas, logramos identificar a los doctores que los firman. Luego cruzamos los datos con los contratos que tienen con sus respectivos establecimientos, los horarios que deben cumplir en los policlínicos y en sus consultas privadas, y verificamos en terreno cómo funcionan los mecanismos de control de los doctores en los hospitales.
El resultado de casi un año de investigación da cuenta de que, a diferencia de todos los demás funcionarios de la salud pública, los médicos son los únicos que carecen de control y fiscalización. Nadie garantiza que efectivamente atiendan a la población más pobre de la capital.
Muchos médicos omiten sus horas de salida. Imposible saber si los días que firman cumplen o no con su jornada. Otros desaparecen durante semanas o meses de los registros sin que quede justificación. Algunos aprovechan de firmar semanas completas en un solo día. O marcan las horas que les exige el contrato, pero no las que indica realmente el reloj. Y no son pocos los que se escapan a atender pacientes en sus consultas particulares o clínicas privadas. En muchos casos, frente a la mirada indiferente del jefe de servicio, el encargado de fiscalizar que eso no suceda. De todo ello fuimos testigos.
Siete meses después de que comenzáramos esta investigación, la Contraloría General de la República publicó un informe que detectó varias irregularidades en una inspección a 13 centros asistenciales del país. La auditoría confirmó otro hecho anómalo, que ya habíamos constatado: varios médicos usan la infraestructura de los hospitales y su horario funcionario para atender pacientes privados. Y corroboró que no cumplen con las jornadas estipuladas en sus contratos, que no registran su ingreso o salida de los establecimientos y que, debido a esta misma falta de control, se pierde el rastro de algunos pacientes cuando, debido a la falta de camas, los derivan a unidades distintas sin dejar registro.
Pero hay algo que no dice el documento: las mismas irregularidades aparecieron hace ocho años en una inspección hecha por la Contraloría a 16 hospitales. Lo mismo se repitió en nuevas inspecciones del organismo contralor en los últimos años.
Sin embargo, a pesar de los compromisos de las autoridades del sector por corregir las fallas del sistema, todo sigue mediocremente igual.
Revista Actualidad / Qué Pasa Debates.
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