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El rechazo del gobierno al examen internacional de la situación de los derechos humanos y su política sobre solicitantes de asilo constituyeron dos importantes motivos de preocupación. La detención arbitraria de al menos 3.000 solicitantes de asilo y «refugiados del mar» provocó disturbios, fugas en masa y denuncias de malos tratos a manos de los funcionarios encargados de su custodia. El gobierno anunció la presentación de la legislación necesaria para ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Información general
Los defensores de los derechos humanos solicitaron una carta de derechos que salvaguardara los derechos establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos en los que Australia es Estado Parte. El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órganos de las Naciones Unidas que vigilan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, respectivamente, se hicieron eco de esas preocupaciones, pues encontraron que los derechos expresados en estos tratados carecen de respaldo jurídico en Australia y no pueden ser invocados ante los tribunales australianos, lo cual supone una laguna en el sistema de derechos humanos del país y dificulta el reconocimiento y la aplicación de las disposiciones de estos tratados.
En mayo, el primer ministro no participó en los actos públicos organizados para reconocer las violaciones de derechos humanos que sufrieron en el pasado los pueblos indígenas y manifestó su oposición a las propuestas de reconciliación y tolerancia racial elaboradas durante más de diez años por el Consejo de Reconciliación Aborigen, financiado por el Estado.
y ojo que no es EEUU.