El ministro Rodrigo Pérez Mackenna explica que la propuesta “pone los incentivos para que los profesionales hagan bien su labor, ya que se clarifican sus responsabilidades y las sanciones en caso de que no cumplan”.
Con la actual normativa, sólo el “propietario primer vendedor” (la inmobiliaria) puede ser demandada. En cambio, el proyecto establece que tienen que responder civilmente el arquitecto, el calculista y el inspector técnico de la obra, además de la constructora. Es decir, deberán indemnizar de su propio patrimonio al propietario si así lo establece una sentencia judicial.
Más aún: si esos profesionales no son ubicables, tienen que responder en forma subsidiaria el revisor independiente y el revisor de cálculo.
Desacuerdo
En el Colegio de Ingenieros y en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) no están de acuerdo con ciertos puntos de esta iniciativa. El vicepresidente de la primera entidad, Sergio Contreras, sostiene que la extensión de responsabilidades será “impracticable, porque cuando un calculista participa en un proyecto, es parte de una creación colectiva, en que está el arquitecto, el mandante y otros profesionales. No depende solamente de una persona”.
Por su parte, el director ejecutivo de ADI, Vicente Domínguez, indica que “hacer efectivas las responsabilidades creo que no va a ser fácil, salvo que haya negligencias evidentes”.
El director nacional del Colegio de Arquitectos, Igor Rosemann, dice que la responsabilidad judicial de los arquitectos por mala construcción no es nueva: recuerda el caso de uno que hace 10 años estuvo en presidio producto de una negligencia. Por ello, plantea la aspiración de la entidad de recuperar la tuición de los profesionales para garantizar su idoneidad.
El proyecto propone además que los municipios tendrán la facultad para declarar inhabitables los inmuebles ante fallas estructurales.
El vicepresidente del Colegio de Ingenieros dice que durante el terremoto “se observó que nadie era legalmente responsable para declarar una inhabitabilidad. Pero es difícil darle la facultad a un municipio, porque no tiene las facultades técnicas”.
La iniciativa establece también que en caso de atraso injustificado de la Dirección de Obras Municipales para aprobar un proyecto, ésta sólo podrá percibir el 50% de los derechos y la otra mitad será recaudada por la Seremi de Vivienda.
''Se ponen los incentivos para que los profesionales hagan bien su labor, ya que se clarifican sus responsabilidades".
Las claves de la propuesta para la calidad de las edificaciones