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ASI LO SEÑALA EL RESULTADO DE UN ESTUDIO PUBLICADO EN EL SEGMENTO “ENFOQUES” DE ECONOMIA Y NEGOCIOS DEL MERCURIO. A CONTINUACION LOS DETALLES;
[COLOR=“DarkGreen”]Expertos votan por los mejores presidentes de Chile de los siglos XX y XXI:
Los mejores y los peores
En la víspera de que Bachelet se ciña la banda tricolor, “Enfoques” hizo un sondeo para evaluar la gestión de sus antecesores. El estudio, de carácter exploratorio, consultó a 20 historiadores, cientistas políticos, economistas y abogados, quienes juzgaron la gestión económica, política y social de los 27 mandatarios que ha tenido el país en los siglos XX y XXI.
Las mejores notas se las llevaron Ricardo Lagos y Patricio Aylwin. Con una escala de 1 a 5 -donde 1 “es muy malo” y 5, “muy bueno”-, el actual Primer Mandatario logró un promedio de 4,3 y el patriarca de la Democracia Cristiana un 4,2.
Los siguieron Arturo Alessandri Palma (3,8), Eduardo Frei Montalva (3,6) y Pedro Aguirre Cerda (3,6). “Algunos ya califican en la categoría de íconos, porque no sólo son admirados por sus partidarios, sino que gran parte de la población se identifica con sus legados, algo similar al efecto que causa Balmaceda en el siglo XIX”, destaca Alejandro San Francisco, historiador de la Universidad Católica.
Los tres, según los encuestados, pasarán a la historia por haber encabezado grandes transformaciones: Lagos la de profundizar el modelo económico y modernizando la infraestructura del país; Aylwin por haber liderado el retorno a la democracia y Alessandri Palma dando estabilidad política y económica, después de la anarquía y la debacle post Gran Depresión.
Determinantes, para ubicarse en el grupo de los top five, fueron la muñeca política de estos gobernantes, el desempeño económico y las reformas que se emprendieron durante sus gobiernos, factores que en los tiempos que corren son decisivos para juzgar a los habitantes de La Moneda.
“Antes, lo que se les pedía a los presidentes -explica San Francisco- era que garantizaran las libertades políticas, pero ahora pesa la gestión económica y por eso la valoración de los gobiernos post 1973 es mejor, porque Chile encontró un modelo exitoso que le permitió crecer”.
Coincide el economista Rolf Lüders, quien explica que el alto promedio que sacan Aylwin y Lagos obedece a que “tuvieron gran claridad con respecto a las prioridades país y lograron apoyo ciudadano para sus políticas; además, sus administraciones coincidieron con períodos de alto crecimiento económico”.
En el otro extremo, los presidentes que quedaron en deuda fueron justamente aquellos cuyos períodos culminaron con crisis políticas o que tuvieron un manejo deficiente de las finanzas.
La figura de Augusto Pinochet se ubicó en la medianía de la lista evaluada, con una nota 3,1.
Promedio rojo
Con más pena que gloria se inscribieron en la historia, presidentes como Carlos Dávila (junio de 1932 a julio de 1932) y Luis Altamirano (septiembre de 1924 a enero de 1925), ambos representantes de períodos de anarquía política.
La evaluación no sólo los castiga por lo poco que hicieron en sus breves períodos. “Son personajes que surgen de las circunstancias. Sin embargo, son mal calificados porque interrumpen períodos democráticos”, opina Holzmann.
Dávila se llevó el triste premio de ser el último del “curso”, con una nota 1,9; mientras que el general Altamirano se ubicó cuarto con un 2,3.
La gestión de Salvador Allende superó apenas por dos décimas la de Dávila, calificándola los expertos con sólo un 2,1.
Dos puntos fueron claves en el balance final: la debacle económica que se produjo en los tres años de gobierno del médico socialista -en 1973 el PIB había caído 5,3% y la tasa de inflación superaba el 500%-, y la profunda ideologización política que finalmente terminó en el golpe militar.
“No tuvo control de los partidos que lo apoyaban, se profundizó la violencia política y social. En lo económico su programa era utópico e impracticable. Sí su figura generó mucho prestigio internacional porque era la posibilidad para el marxismo de legitimarse, llegando al poder en forma democrática”, afirma Gazmuri.
Para el sociólogo Manuel Antonio Garretón el proyecto de la Unidad Popular era fundamental para el país, pero se frustró por la fuerte oposición que hizo Estados Unidos.
“Pero la nacionalización del cobre se hizo por unanimidad, es lo único que quedó de la obra de ese gobierno e incluso la dictadura no pudo cambiarla”, rescata.
Sí reconoce que “hubo muchos errores en la conducción que tuvieron que ver con no haber entendido que para hacer grandes transformaciones, se necesitaba mayoría política”.
También las opiniones recogidas, reprobaron la administración del general Carlos Ibáñez del Campo en su segundo período en La Moneda (1952-1958), pese a que en el primero (1927-1931) se ubicó entre los 8 con más alta calificación.
¿Por qué la dicotomía? Para Lüders la explicación es bien simple: a los gobiernos se les juzga por lo realizado y no por las intenciones de sus gobernantes.
“La evaluación del primer mandato de Ibáñez -detalla- es más bien buena, a pesar de su autoritarismo porque se valoraron los cambios institucionales que impulsó y las grandes obras públicas realizadas. Su segundo período, en cambio, se caracterizó por su ineficacia en prácticamente todo orden de cosas”.
Por muy poco, el breve período del radical Juan Esteban Montero (1931-1932) superó al de Ibáñez -a quien sucedió en La Moneda-, al anotar un promedio de 2,4.
Este abogado no pudo lidiar con un país sumergido en el caos por la crisis económica que se arrastraba desde 1929, caracterizado por un alto desempleo, paralización de la industria salitrera y una deuda externa casi inmanejable. Igual que Ibáñez, Montero tuvo que dejar su cargo.
Los evaluadores
Cristóbal Aninat, académico de la Escuela de Gobierno de la U. Adolfo Ibáñez.
César Barros, economista, magíster en Economía Agraria de la U. Católica.
Enrique Barros Bourie, abogado, académico de doctorado de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, secretario del Centro de Estudios Públicos.
Joaquín Fermandois, jefe del Departamento Historia Universal del Instituto de Historia de la U. Católica.
Manuel Antonio Garretón, sociológo, académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile.
Cristián Gazmuri, académico del Instituto de Historia de la U. Católica.
Luis Óscar Herrera Larraín, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la U. Católica.
Guillermo Holzmann, director del Departamento de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos U. de Chile.
Alfredo Jocelyn-Holt, historiador y académico.
Alfredo Joignant, profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la U. de Chile.
Enrique López Bourasseau, abogado, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la U. del Desarrollo.
Rolf Lüders, economista, profesor del Instituto de Economía de la U. Católica.
René Millar, académico del Instituto de Historia de la U. Católica.
Álvaro Muñoz Ravera, profesor de historia en las Facultades de Humanidades y Periodismo de la U. del Desarrollo
Patricio Navia, profesor asistente del Centro de Estudios Latinoamericanos de la U. de Nueva York y de ciencia política del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales.
Julio Retamal Ávila, historiador, académico de la Facultad de Humanidades de la U. Andrés Bello.
Gonzalo Rojas Sánchez, académico del Departamento de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la U. Católica.
Augusto Salinas Araya, doctor en Historia, profesor del Departamento de Historia de la U. del Desarrollo.
Alejandro San Francisco, profesor del Instituto de Historia de la U. Católica.
Fernando Wilson, profesor de la Facultad de Humanidades de la U. Adolfo Ibáñez.
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