Transporte público v/s Locomoción Colectiva
Transcurridas dos semanas del puntapié inicial del Transantiago las deficiencias, aciertos y debilidades quedan a la vista. Sin embargo su propia iniciación debe dar paso a la discusión de fondo, que dice relación con la responsabilidad que debe asumir el Estado en el servicio público y su decisión a desligarse de ello. Así ha ocurrido con la salud, la educación y hoy, todo indica, lo hace de manera definitiva con el transporte de pasajeros.
Hasta antes de la dictadura existió la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, con un sistema de buses, trolebuses, tranvías, ferrocarril interurbano, los que, junto con el sistema ferroviario nacional, eran de propiedad estatal. Hasta antes de 1980 el Estado regulaba tarifas, recorridos, frecuencia y cobertura. Ciertamente el sistema, en el tiempo y producto del crecimiento del parque vehicular, a propósito de la creciente demanda de la población, fue colapsando, lo que trajo como respuesta la incorporación de las llamadas “micros amarillas”. Se dio paso entonces a la licitación de recorridos. Los pequeños empresarios del transporte fueron desapareciendo producto del salvajismo capitalista de los dueños de grandes flotas.
Con todo, y hasta el 10 de febrero, los cerca de 1700 millones de pesos que se recaudan a diario en el transporte de pasajeros se repartían en cerca de 3.100 empresarios; luego de dicha fecha la concentración del capital la lleva sólo a diez empresas que manejan el rubro, siendo la más importante Alsacia, con una inversión que supera los USD$ 285 millones. Su flota cuenta hoy con 1.139 microbuses. Lo relevante es que en el directorio de dicha empresa figura el ex ministro de Lagos, Ricardo Solari así como los funcionarios (en el mismo gobierno) de CORFO, Bernardo Espinoza y Gibran Harcha, fiscal y gerente de la entidad al momento del escándalo CORFO-Inverlink, por más de 110.000 millones de pesos, lo que les valió la citación de la ministra que investiga el caso, Ana Gloria Chevesich. Son ellos quienes deciden sobre el transporte en la capital.
El punto es que tanto el ordenamiento urbano, así como el transporte de pasajeros, lo determina hoy el sector privado. La locomoción colectiva entrega jugosas ganancias a los dueños de recorridos, a los administradores del sistema, en desmedro de los usuarios que a diario deben trasladarse, hoy en micros de mala calidad, recicladas del viejo sistema, con graves falencias en su cobertura y frecuencia. El Estado ha dado paso ancho al uso de la “Locomoción Colectiva”
La reunión con el Ministro
Como contraparte de esta privatización absoluta del transporte de pasajeros se encuentra el Comité de Usuarios Transantiago, espacio que ha logrado unir a sectores populares de casi toda la región metropolitana, a través de los Comités Locales.
En el encuentro con el Ministro, el Subsecretario, el SEREMI, el Jefe de Gabinete más un Asesor, se reflejaron de manera clara las diferencias de fondo que existen entre usuarios y gobierno. Si bien se logra el compromiso de que el ministerio impulse la corrección de recorridos, incorporando en dicha discusión a las organizaciones sociales de todas las comunas, no existe posibilidad de acuerdo sobre la responsabilidad que al Estado le cabe en el transporte de pasajeros. Un sistema de “Transporte Público” no es viable para este gobierno, limitándose la función del Estado al cobro de multas (para su “re-inversión” en el mismo sistema) o, en “el mejor de los casos” caducando contratos para asignarlos a nuevos empresarios o bien llamando a una nueva licitación. La diferencia es de fondo.
Chile necesita de un nuevo sistema de transporte, de ello no cabe duda. Es necesario superar el anterior sistema de micros amarillas, sin embargo el caos demostrado en el sistema antiguo no se supera con el caos que ha provocado el nuevo Transantiago. Para el triunfo de un sistema de transporte de pasajeros se requiere de la opinión de los usuarios, en ello el Comité de Usuarios del Transantiago puede mostrar avances, sin embargo es imperativo resolver qué queremos: o un sistema de Locomoción Colectiva, cuyo control y decisión lo resuelvan los empresarios; o un sistema de Transporte Público, donde el Estado juegue un rol de primer orden, tomando parte en los sistemas de cobro, de recorridos y no limitándose a un “inspector cobra-multas”.
Desde nuestra perspectiva, y lo que hemos recogido desde la base, urge un Transporte Público, de calidad, no contaminante, confortable y económico, cuestión posible sólo por la vía de la organización, lucha y movilización de las mayorías afectadas por el actual sistema. Debemos asirnos de la responsabilidad política de decidir sobre el ordenamiento urbano de la ciudad y otros grandes temas de los cuales nos excluyen.
La apuesta gubernamental se basa en la fuerza de la costumbre para imponer cuestiones que van sólo en beneficio de los grandes capitales y en detrimento de las masas populares. La nuestra se basa en la fuerza de la organización y la justeza de nuestras demandas, por lo que resta acumular fuerzas en la constitución de Comités de Usuarios por la base para enfrentar, de igual a igual, al gobierno y los empresarios.
Sergio Sepúlveda S.
Consejero Nacional CUT
Coordinador Comité de Usuarios Transantiago
…emm…creo que na que ver osmosis…ajajaja…